By: Mónica Mazariegos, PhD
Investigadora
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá 

En América Latina existen grandes inequidades sociales a la vez que se observan varias formas de malnutrición (por deficiencia y exceso). Los grupos sociales más vulnerables, de bajo nivel económico, bajo nivel educativo y de etnia indígena son los que presentan las mayores prevalencias de baja talla, bajo peso y anemia, y en algunos de estos grupos coexisten altas prevalencias de sobrepeso y obesidad en comparación con sus contrapartes de alto nivel económico, alto nivel educativo y de etnia no indígena. Varios son los determinantes de las brechas existentes en todas las formas de la malnutrición, pero cabe destacar la inequidad en el ingreso económico y de oportunidades, en el acceso a los servicios de salud y a los recursos naturales.

Para aplanar la curva de contagio del COVID-19, los países de la región han tomado varias medidas de contención, tales como el aislamiento social (incluye cierre de lugares públicos, escuelas, universidades y la prohibición de reuniones masivas), cierre de fronteras, restricción de circulación en horarios específicos, entre otras. Estas medidas han limitado las actividades económicas formales e informales por lo que se prevé un aumento en las tasas de desempleo y la pobreza. La disrupción social y económica causada por la emergencia sanitaria exacerbarán las inequidades, la inseguridad alimentaria y nutricional, y las prevalencias de todas las formas de la malnutrición principalmente en los grupos de mayor vulnerabilidad.

Las medidas de contención de la pandemia condicionan el ingreso económico de los grupos de población más vulnerables limitando el acceso, la disponibilidad y el consumo a alimentos de adecuada calidad nutricional. Para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional los gobiernos de los países deben de trabajar en un plan de contingencia para dar respuesta a la emergencia y mitigar los posibles efectos del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria y nutricional. Entre las acciones recomendadas están el brindar asistencia alimentaria mediante la entrega de raciones de alimentos a familias vulnerables, protección social a través de transferencias monetarias y subsidios, y la continuidad de los programas de alimentación escolar -aun cuando las escuelas permanezcan cerradas-, entre otras. Implementar estas acciones será clave para garantizar el derecho de la población al acceso de alimentos variados, seguros y de buena calidad nutricional y para mitigar el potencial aumento de los casos de desnutrición aguda en grupos social y biológicamente vulnerables (niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y adultos mayores). Por otro lado, se prevé un aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad ya que las condiciones de inseguridad alimentaria y nutricional pueden favorecer la ganancia de peso al aumentarse el consumo de alimentos de bajo precio y baja calidad nutricional (bajos en vitaminas y minerales y con alto contenido de azúcares, grasas y sodio), el estrés debido a no tener suficientes alimentos para comer, a patrones alterados de sueño y a las alteraciones metabólicas de adaptación en situaciones de escasez alimentaria.

Por otro parte, el confinamiento domiciliario está disminuyendo la actividad física y muy probablemente está alterando los patrones de compra y consumo de alimentos. Se ha documentado que durante las crisis se da un proceso de sustitución en el que el consumo de alimentos frescos y de buena calidad nutricional son reemplazados por alimentos de baja calidad nutricional contribuyendo a la ganancia de peso, esto será de mayor preocupación si las medidas de contención se alargan por más tiempo. Evidencia reciente muestra que en personas con alto Índice de Masa Corporal y otras enfermedades crónicas (hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares, etc.) se agrava el cuadro clínico y aumenta la mortalidad por COVID-19. Esto muestra la urgente necesidad de mejorar la producción y oferta de alimentos y la implementación de políticas fiscales y regulatorias para mejorar los entornos alimentarios y poder afrontar futuras crisis sanitarias con una población saludable y mitigar los potenciales efectos adversos en salud.  

Para hacerle frente a la crisis actual por COVID-19 y evitar el aumento de la inequidad en todas las formas de la malnutrición y de la inseguridad alimentaria y nutricional es urgente la implementación de políticas económicas y sociales para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional y entornos alimentarios saludables. De lo contrario, la región se enfrentará a una crisis sin precedentes.

Aquí puedes acceder a la evidencia más reciente generada sobre las inequidades en todas las formas de la malnutrición en América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú.